Fuerza Armada y Derechos Humanos

Autor: David Panamá


La Fuerza Armada ha jugado un papel fundamental durante los últimos 90 años, en los cuales se ha podido apreciar claramente cómo éstas han evitado que el poder del Estado quede en manos de civiles. La participación de la FAES en la consolidación de un proceso de creación de un Estado Democrático en los últimos 20 años ha sido clara: “fomentar el retroceso”.

La existencia en nuestro país de una dictadura militar que comienza desde el ascenso de Martínez al poder, se prolonga por muchos años más, llevando al país a una situación de crisis que desemboca en un conflicto bélico que deja como saldo miles de hermanos salvadoreños muertos, miles de heridos y miles de hogares desintegrados, entre otras miles de cosas más.

Al cesar el conflicto armado, lograr la caída del régimen militar que tenía al país en un verdadero caos y firmar un Acuerdo de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, se crea una “Comisión de la Verdad”, que tendría la importantísima labor de investigar hechos delictivos cometidos durante el período de conflicto. Esta comisión de la verdad, demostró que la Fuerza Armada tenía una responsabilidad directa en la mayoría de crímenes cometidos durante la guerra civil y recalcó la necesidad de delimitar Constitucionalmente el poder de las Fuerzas Armadas. Fué así como en Chapultepec se acordaron reformas a la Constitución y la creación de nuevos principios regentes de la institución castrense, entre los cuales se destaca: “Ser una institución al servicio de la nación, apolítica y no deliberante…” y su principal misión: “Defender la soberanía del Estado”.

¿Esas son muestras de que la FAES cambió su pensamiento y ahora respeta de forma “sagrada” los Derechos Humanos? En absoluto. Estos cambios realizados no fueron sino un “arreglo de maquillaje”. El interior de la Institución sigue, en palabras comunes: “podrido”. Una muestra de ello puede leerse en la más reciente publicación del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) de la Colección: “Verdad y Justicia”.

En resumen, se toca el caso del Mayor Adrián Meléndez Quijano, quien ha visto transgredidos sus derechos por rivalidades con su superior, el Teniente Coronel Salvador Palacios Castillo, quien de una forma contraria al Código de Justicia Militar, reprendía a su subordinado con injustas privaciones de libertad, suspensiones de servicio, no observancia de reglas militares y una serie de abusos que no solo repercutían en su contra, sino en contra de toda su familia.

Con base en acusaciones calumniosas, el mayor fué sometido a un proceso militar arbitrario, que violentaba su derecho de defensa, debido proceso y de audiencia, derechos protegidos constitucionalmente. Ante tal circunstancia, el Mayor Meléndez decidió acudir a instancias “civiles” para poner fin a esa serie de abusos en su contra. Inició un proceso de Habeas Corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corta Suprema de Justicia, la cual en su resolución 136-2005 declara que en el proceso realizado por el juez militar existió una indefensión, pues no se dio nada de tiempoal acusado y su abogado defensor de conocer a profundidad las acusaciones ni de contestar los argumentos en su contra; además, la pésima interpretación que hiciera el juez de los hechos significó un menoscabo a la garantía de defensa y, por ende, una violación del derecho a un debido proceso.

El reconocimiento de una violación a los derechos fundamentales de una persona, por parte de la Fuerza Armada, que DEBERÍA someterse al impero constitucional de respeto a los Derechos Humanos, demuestra la necesidad de crear normas que de una forma objetiva y precisa rijan dicha institución, que de mantenerse en un estado como el que se encuentra, podría significar un mayor peligro de retroceso en la precaria democracia que queremos consolidar. El demostrar la responsabilidad que tuvieron altos funcionarios de la institución, al incumplir con su deber de sometimiento a la Constitución al irrespetar el derecho de audiencia del Mayor Meléndez, constribuye -aunque sea en pequeña medida- a la construcción de un sistema democrático en el cual haya un verdadero respeto a las normas constitucionales por las instituciones que deben dar el ejemplo.

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