Balance de la situación económica de El Salvador – 2006

Remitido a la Redacción por: Wladimir Ruiz Tirado | Embajada de Venezuela en El Salvador


ALAI, América Latina en Movimiento

Raúl Moreno

Durante más de una década la economía salvadoreña ha estado sumergida en un proceso de recesión que se hace evidente en la progresiva reducción de las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB). En el último sexenio el ritmo de crecimiento promedio de la actividad económica se sitúa en torno al 2.4%, niveles muy por debajo de los umbrales necesarios para reducir la situación de subempleo y empobrecimiento de la población.

Las explicaciones gubernamentales a este pésimo desempeño de la economía salvadoreña durante la última década, y en particular el último sexenio, obvian los determinantes estructurales y sistémicos que están a la base del fenómeno. En ningún momento se reconoce públicamente la situación de recesión en que se encuentra la economía salvadoreña, mucho menos que esta etapa sea producto del mismo agotamiento del modelo neoliberal. Los discursos oficiales y empresariales, a lo sumo reconocen una situación de “desaceleración” en el ritmo de la actividad económica, según ellos generada por factores exógenos, que están al margen de su control.

Las argumentaciones oficiales explican la tendencia de la economía salvadoreña en eventos fortuitos como las pérdidas ocasionadas por los desastres naturales –como el huracán Mitch y los terremotos de 2001–; la afectación de las exportaciones por la caída en los precios internacionales del café; el incremento en el precio del petróleo y sus derivados; además de las tardías aprobaciones del Presupuesto General de la Nación que afectan los proyectos de inversión pública; y la “inseguridad” generada en los inversionistas privados por la posibilidad del triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en las pasadas elecciones presidenciales de 2004.

En la misma línea argumentativa, parecería ser que de no haber acontecido estos eventos, la economía salvadoreña experimentaría altos niveles de crecimiento, tendríamos un escenario expansivo totalmente opuesto a la tendencia recesiva que se observa. Vale preguntarse entonces si son estos “elementos casuales” los que explican la actual situación del sector real de la economía, o más bien la problemática económica nacional está determinada por elementos históricos de carácter estructural, que se han agudizado con las mismas políticas económicas implementadas.
Es evidente que a la base del proceso recesivo de la economía salvadoreña se encuentran un conjunto de políticas públicas implementadas sistemática y progresivamente por los sucesivos gobiernos de ARENA, inspiradas en un patrón “neoliberal”, que lejos de resolver los históricos problemas estructurales que abaten la economía y sociedad salvadoreña, buscan la consolidación de un nuevo patrón de acumulación del capital, coherente con la dinámica y naturaleza misma del sistema capitalista.

Las reformas “neoliberales”, implementadas a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y los Programas de Estabilización Económica (PEE), transformaron radicalmente la economía salvadoreña en poco más de tres lustros. La puesta en práctica de políticas fiscales regresivas, el fomento a las exportaciones, el mantenimiento de un tipo de cambio fijo, y posterior dolarización de la economía, y la política financiera, privilegiaron los productos no tradicionales de exportación, incluyendo maquila, en detrimento de la producción agropecuaria.
Así, se configuró una economía de “terciarizada” cuya principal fuente de divisas no descansa en sus exportaciones, sino en el flujo de remesas familiares. Las actividades agropecuarias e industriales han cedido su importancia a los servicios, principalmente el comercio.

El actual patrón de acumulación de la economía salvadoreña se fundamenta en dos pivotes: por un lado en la producción primaria exportadora y la industria manufacturera de bajo nivel de valor agregado (maquila textil y de confección); y por el otro, en la atracción de inversión extranjera directa (principalmente maquila y corporaciones transnacionales que se han beneficiado de la privatización de las empresas públicas).

¿Fin de la recesión o declaración propagandística del Gobierno?

En contraposición a la tendencia recesiva registrada por la economía salvadoreña, el 14 de diciembre de 2006 el Gabinete de Gobierno anunció en conferencia de prensa que la economía salvadoreña habría crecido en este año un 4.2%[1], cifra que contrasta con las mismas expectativas oficiales que establecían un crecimiento del 3.4%, en coincidencia con las proyecciones estimadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A partir del seguimiento del PIB trimestral y el desempeño de sectores claves de la economía salvadoreña, el crecimiento del 4.2% en 2006 resulta ser una cifra irreal e inadmisible. Durante el primer semestre la industria manufacturera mantuvo un ritmo de crecimiento en su actividad económica (1.0%) tan bajo que habría tenido que crecer 5.4% en el último semestre como para compensar las bajas tasas iniciales y justificar el crecimiento anunciado por el Gobierno.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) discrepa con las cifras de crecimiento económico publicadas por el Gobierno. El presidente de la ASI sostiene que “ellos manejan cifras distintas a las reveladas por la presidenta del Banco Central de Reserva”; además, plantean que “el bajo crecimiento del sector industrial se debe a los altos costos de la energía eléctrica, al contrabando y la piratería, y a la competencia china a la industria de maquila textil, factores que se suman a los gastos en seguridad y a los elevados precios del petróleo”[2].

Es evidente que para romper con la tendencia recesiva de la economía se requiere de medidas deliberadas de políticas públicas, proyectadas para el mediano y largo plazo en coherencia con objetivos del desarrollo. Esta situación dista mucho de la actuación del Gobierno, dado que sus políticas económicas y sociales lejos de replantear el esquema de acumulación vigente en que se larva la fase recesiva, lo reproduce y lo profundiza.

En todo caso, un crecimiento del 4.2% resulta ser insuficiente y estéril para un país que requiere de fuertes niveles de inversión económica y social, con el agravante que los beneficios del crecimiento están concentrados en reducidos sectores empresariales, cuya actividad económica se ubica en los servicios: el comercio y la actividad financiera, principalmente.

Una lectura de los indicadores macroeconómicos

Desde la interpretación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la estabilidad económica pasa por la eliminación o reducción de los desajustes macroeconómicos que limitan el crecimiento de la economía, en un clima de estabilidad de precios. La consecución de este objetivo requiere de acciones del Gobierno para mantener la disciplina fiscal, controlar el déficit en Cuenta Corriente y la presión de los precios internos, así como mantener un nivel adecuado de reservas.

La lectura de los principales agregados económicos del país cuestiona la pretendida “estabilidad de la economía salvadoreña” que alegremente promociona el Gobierno. La pata más floja de la estabilidad económica sigue estando en las cuentas del Sector Público No Financiero (SPNF), después de dieciocho años de ajuste estructural la tan buscada disciplina fiscal no llega.

La aprobación del PGN pasó por el “artificio financiero” del Gobierno de crear un fideicomiso, que descargó artificialmente el pago de la deuda previsional de la deuda pública. En 2006 se mantiene la dependencia de los impuestos indirectos.

Según el Presupuesto General de la Nación 2006 aprobado, el déficit fiscal alcanzó el 5.3% con relación al PIB; aún cuando el BCR reporta 1.1%, dado el bajo nivel de ejecución, que supera el 18.8%[3]. El nivel de endeudamiento público, excluyendo la deuda previsional, superó los US $ 8,359 millones en 2006, equivalentes a un 45% del PIB[4]. La aprobación del PGN pasó por el “artificio financiero” del Gobierno de crear un fideicomiso, que descargó artificialmente el pago de la deuda previsional de la deuda pública.

En 2006 se mantiene la dependencia de los impuestos indirectos. El 99% de los ingresos del SPNF son ingresos corrientes; 77% de los cuales corresponden a ingresos tributarios, y dentro de esta categoría las recaudaciones en concepto de IVA alcanzaron el 52.6% durante el mismo año[5].

Por otra parte, en materia de comercio internacional, la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés), lejos de corregir el carácter deficitario de la balanza comercial, ha profundizado el deterioro de nuestras relaciones comerciales con la economía estadounidense, el principal socio comercial de El Salvador.

El déficit en balanza comercial ascendió en 2006 a US $ 4,114.5 millones, confirmando la vocación importadora de la economía salvadoreña y su incapacidad de revertir su déficit histórico. El valor de las importaciones superaron en 117% al de las exportaciones, cuya tasa de crecimiento fue de 3.7%, mientras que la las importaciones crecieron en 11.6%[6].

El flujo de remesas familiares continúa amortiguando el saldo deficitario de la balanza comercial. En 2006 el déficit en Cuenta Corriente sin remesas ascendió a US $ 4,170 millones, saldo que se vio disminuido a US $ – 854 millones, dados los US $ 3,315 millones de remesas familiares registrados en el mismo año[7].

Uno de los ejes ampliamente promocionados por el Gobierno durante 2006 es el fomento a la inversión extranjera. Para ello se vendió la idea que a través de la suscripción de Tratados de Libre Comercio la IED se potenciaría ampliamente; no obstante a un año de vigencia del CAFTADR, la inversión estadounidense escasamente se ha incrementado en un 0.8%. En este marco, la Administración Saca creó la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI), dirigida por la Vice-Presidenta de la República, como parte de sus esfuerzos para la promoción de la IED.

El flujo de inversión extranjera directa (IED) al mes de septiembre de 2006 ascendía a US $ 161.8 millones, mientras que el saldo acumulado era de US $ 3,581.9 millones a la misma fecha. Estas cifras resultan ser insignificantes en virtud de la relevancia conferida a este rubro en las declaraciones gubernamentales; con el agravante que el saldo acumulado en dieciocho años incluye los ingresos registrados por las ventas de empresas y activos públicos en el marco de la privatización. Solo en 2006 se registró un influjo de más de US $ 3,200 millones, que contrasta con los US $ 3,581 millones de IED acumulados durante las cuatro gestiones consecutivas del partido ARENA. Esto evidencia el fracaso de las cuatro últimas administraciones en sus intentos de promocionar la IED en el país.

Contrastes en el “país de las maravillas”

A juzgar por las cifras oficiales y los discursos gubernamentales, en El Salvador existiría un panorama macroecómico de estabilidad y crecimiento; que contrasta con la precaria situación económica de miles de pequeñas, medianas y microempresas; pero especialmente la realidad de la mayoría de los hogares salvadoreños, que durante 2006 han visto deteriorarse aceleradamente sus condiciones de vida.

La precarización de las condiciones laborales, la incapacidad de la economía salvadoreña de generar empleos dignos y bien remunerados, la profundización de la desigualdad y la exclusión, así como la creciente dependencia de las remesas familiares, son solo algunos elementos de la cotidianeidad que se contraponen al panorama que pintan los discursos oficiales.

Dichas políticas deberían estimular las ramas estratégicas de la economía, las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), la generación de condiciones factoriales que estimulen la competitividad nacional, el impulso de una profunda reforma fiscal de carácter progresiva, en función de la cual sea posible elevar considerablemente la inversión pública en áreas que estimulen la competitividad nacional y reduzca las enormes brechas de desigualdad social.

La obtención de altas tasas de crecimiento económico requiere de la voluntad política del Gobierno a efecto que asuma acciones y medidas encaminadas para ese propósito, lo cual supone transformar el actual patrón de asignación de los ingresos, en el cual casi el 70% del PIB se destina hacia consumo público y privado, aunque éste se reparte muy asimétricamente entre las hogares salvadoreños; mientras que sólo el 19% de la producción se exporta, y lo más restrictivo para el crecimiento, es el hecho que sólo el 11.6% se destina a la inversión[8].

Deterioro de la economía de los hogares

Durante el último quinquenio, el comportamiento inflacionario medido a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está marcado por dos etapas: pre-dolarización y post-dolarización. Antes de aprobada la Ley de Integración Monetaria (LIM), la inflación doméstica se mantuvo muy próxima al nivel de inflación internacional, no tanto por el éxito de la política monetaria, cuanto por la situación de demanda reprimida que presionó los precios a la baja; inclusive, en 1999 se registró una variación negativa del IPC: tasa deflacionaria de – 1%.

La argumentación de dolarizar la economía para disminuir las tasas de inflación y así elevar la capacidad de compra de la población no ha resultado ser veraz, pues con la implementación de la LIM se marca un quiebre al alza en la tendencia inflacionaria; durante la etapa post-dolarización la tasa de variación del IPC alcanzó en diciembre de 2004 su punto máximo del período (5.4%) y en el mismo mes de 2006 la tasa es de 4.9%.

En septiembre de 2006 el Gobierno revisó los salarios mínimos, después de más de ocho años que la tarifa promedio del sector agropecuario estuviera congelada y tres años después del último incremento en los salarios mínimos urbanos.

El incremento en la tarifa agropecuaria fue del 10.0%; mientras que los salarios mínimos urbanos se incrementaron de manera diferenciada: para el comercio 10.0%, para la industria 7.5% y maquila 5.5%; en ningún caso supera el 10%, en contrate con la inflación acumulada durante ese período.

Aunque en 2006 los salarios mínimos mensuales urbanos permitían cubrir el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) Urbana, la tarifa agropecuaria promedio (US $ 81.51)[9] apenas alcanzaba a cubrir tres cuartas partes del valor de la CBA Rural, con lo cual se evidencia la incapacidad que enfrentan las familias rurales para tener acceso a una dieta mínima que les garanticen su subsistencia.

Si asumimos que la Canasta de Mercado (CM) es el conjunto de bienes y servicios que en promedio sirven para satisfacer las necesidades básicas de una familia típica salvadoreña, sería de esperar que el salario mínimo –remuneración que por lo menos debe garantizar al trabajador o trabajadora y a su familia la satisfacción de sus necesidades básicas— se aproximara al valor de la CM.

A diciembre de 2006 el valor de la Canasta de Mercado fue de US $ 688.0, que representa 8.4 veces mayor que el salario mínimo rural y 4.4 veces más alto que el salario mínimo de la maquila[10]. Esto evidencia el enorme déficit acumulado en la capacidad adquisitiva de los salarios, factor que determina fuertemente la precarización de las condiciones de vida de las familias salvadoreñas.

Resulta congruente con los planteamientos neoliberales recurrir al coste de la Canasta Básica Alimentaria y no al coste de la Canasta de Mercado como parámetro para establecer el salario mínimo, aún reconociendo que éste resulta insuficiente para cubrir los alimentos básicos para cubrir la dieta usual de la población que garantice las mínimas necesidades energéticas de la familia.

El menor valor de la CBA y su diferenciación urbana-rural, legitiman el bajo nivel de los salarios mínimos, con la agravante que los salarios rurales se mantienen en menos de la mitad de los salarios urbanos, y por esta vía se logra ampliar la brecha de las ganancias, en la medida en que se minimizan los costes laborales.

Es inadmisible que en las decisiones del Gobierno en materia salarial continúe prevaleciendo el argumento empresarial que legitima la congelación salarial en la situación económica de las empresas, en perjuicio de las personas trabajadoras. Según este argumento nunca existirán condiciones empresariales como para ajustar los salarios a la inflación, mucho menos en proporciones que compensen la pérdida acumulada en su capacidad adquisitiva.

Dependencia de las remesas

Tres lustros de reformas económicas neoliberales han mutilado el sistema económico salvadoreño y lo transmutaron en una economía que no depende del propio excedente económico que genera, sino principalmente de una fuente exógena: las transferencias unilaterales privadas, que en forma de remesas familiares envía la población emigrante expulsada por el mismo sistema económico.

La importancia que las remesas familiares tienen en la economía salvadoreña es incuestionable, tanto en el ámbito micro como macroeconómico. El BCR registra para 2006 un monto de US $ 3,315.7 millones en concepto de remesas familiares, cifra que supera las tres cuartas partes del valor de las exportaciones totales salvadoreñas, representa más de la quinta parte del PIB corriente, el 140% de los ingresos tributarios del Gobierno Central y más del 275% del IVA recaudado en 2005; no cabe duda que tal influjo de divisas tiene una enorme relevancia en términos de su contribución a la estabilidad macroeconómica del país durante la última década.

Las remesas también tienen un impacto significativo en la economía familiar. En 2005 unos 414,871 hogares, equivalente a más de un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas, estarían recibiendo remesas por un valor promedio de US $ 38.77 mensual[11]. Las remesas se han convertido en un importante estímulo al crecimiento de la actividad económica durante el último lustro, en la medida en que se destinan principalmente para el consumo de las familias salvadoreñas.

En general, el monto promedio de remesas recibido por los hogares salvadoreños está por debajo del valor de la CBA: el 52% recibe menos de US $ 113.00 mensuales y sólo el 2.5% reciben transferencias superiores a US $ 571.00 mensuales. Del total de hogares receptores de remesas, el 76.0% la destina para consumo, solo el 9.0% se orienta a la educación, 5% para gastos médicos y 6% para el ahorro[12].

La reducción de los niveles de pobreza registrados en las estadísticas oficiales durante los últimos años observan un comportamiento simétrico a la tendencia de las remesas familiares. El porcentaje de hogares en situación de pobreza sería mucho mayor de no existir ese importante influjo de ingresos que perciben más de la quinta parte de los hogares salvadoreños, y que les permite calificar por encima de las líneas de pobreza extrema y relativa, base utilizada para la medición de este fenómeno.

Raúl Moreno: El Observatorio de las Políticas Públicas y los DESC, FELPAD http://www.fespad.org.sv

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