Comunicado a la Opinión Pública Salvadoreña y a los Medios de Comunicación Social

Autor: Wladimir Ruiz Tirado | Embajada de Venezuela en El Salvador


 

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL SALVADOR SALUDA A LA OPINIÓN PÚBLICA SALVADOREÑA Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL en la oportunidad de expresar su más enérgico rechazo por la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador, de fecha 31 de mayo de 2007, al pronunciarse en contra de la democratización de la información y la comunicación en Venezuela.

Si bien esta Misión Diplomática no pretende interferir en la decisión soberana del Honorable Poder Legislativo, si considera que la decisión de los 51 diputados y diputadas que votaron en favor de condenar la medida adoptada por el gobierno de Venezuela de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) y llevar dicha denuncia a la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue, es y será un error histórico tanto para el máximo órgano del Estado como para el soberano, representado en cada uno de los 51 Honorables Diputados y Diputadas miembros de la misma. Un error Histórico comparable al cometido por el expresidente Francisco Flores, al reconocer en abril de 2002, en el Seno de la OEA, un golpe de Estado encabezado por Pedro Carmona Estanga y entre otros por Carlos Molina Tamayo.

Con esta decisión, el máximo órgano del Estado salvadoreño obvia por completo la Constitución Nacional y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela que establecen que las frecuencias del espectro radioeléctrico son otorgadas para períodos determinados y las renovaciones de las licencias no son automáticas, sino que dependen de una evaluación de su uso y de las prioridades comunicacionales establecidas por el Estado. Disposiciones legales contenidas en el artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 73 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL). Por ello, el Estado venezolano determinó utilizar la frecuencia de RCTV para impulsar un proyecto comunicacional democrático e incluyente, que responda a las necesidades informativas, educativas y culturales de la población.

Además los 51 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de El Salvador que expresaron con sus manos alzadas “su más enérgica condena a esta decisión política que representa una clara violación a los derechos de libertad, de información y de expresión, y constituye una seria amenaza a la democracia”, debieron pensar antes de aprobar una moción a favor de un oligopolio como RCTV en Venezuela, que la democracia y la libertad de expresión en nuestro país la practican, la viven y la ejercen día a día los más de 26 millones de venezolanos y de venezolanas que a pasos agigantados construyen una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas libres, en democracia participativa y plural y, que así como respetamos la Paz y las decisiones de El Salvador, nos parece incorrecto que 51 diputados y diputadas en su ignorancia o no, se inmiscuyan en las decisiones de la República Bolivariana de Venezuela, sin atender los más elementales principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Al respecto, es pertinente destacar que Venezuela no es un Estado tutelado, somos un país libre, soberano e independiente de la Monarquía española desde el 5 de julio de 1811 hasta nuestros días.

Otro hecho inobjetable es que la República Bolivariana de Venezuela es un país absoluta y firmemente democrático en donde el único imperio que reina es el de la Ley. Por ello, el Presidente Hugo Chávez Frías ha sido legitimado y relegitimado en 10 procesos electorales por el pueblo de la patria de Simón Bolívar. En la última elección del 10 de diciembre de 2006, el pueblo votó en más del 60% por la oferta electoral del Presidente Hugo Chávez de construir en Venezuela el Socialismo del Siglo XXI.

Acerca del caso RCTV, esta Embajada invita a los Honorables 51 Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa de El Salvador a valorar las declaraciones del Señor Secretario General de la OEA, Miguel Insulza quien señaló en España el pasado 18 de mayo en el marco del Foro de Diálogo Interamericano: “serán los tribunales venezolanos los que resuelvan el contencioso sobre la prórroga de la licencia de la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV)”. Posteriormente el 25 de mayo dijo: “La decisión es un asunto de legalidad interna de Venezuela y en muchos países del mundo existe la misma legalidad interna, en el sentido de que es el Estado el que cede las concesiones de televisión”.

Sobre el particular, los Presidentes Martín Torrijos de Panamá, Luís Ignacio Lula Da Silva de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, el Canciller de Nicaragua, Ricardo Alarcón Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, han coincidido con el Secretario General de la OEA en que la decisión de no renovar la concesión a RCTV es un asunto de legalidad interna de Venezuela y en muchos países del mundo existe la misma legislación.

Otro hecho que llama profundamente la atención es que en el Parlamento Europeo solo 43 eurodiputados de los más de 700 de ese Parlamento se atrevieron a emitir una condena en contra del Gobierno de Venezuela por la no renovación de la concesión a RCTV. En cambio en el Salvador, un país amigo, con el cual nos une más de un siglo de Relaciones Diplomáticas, a 51 diputados y diputadas de 84, les valió muy poco ese hecho y en un arrebato de amnesia histórica, legal y diplomática expresaron su más “enérgica condena a esta decisión política (fin de la emisión de RCTV) que representa una clara violación a los derechos de libertad, de información y de expresión, y constituye una seria amenaza a la democracia”. Que condenable, triste y desdichada resulta esta condena, a la luz de la verdadera democratización del espacio radioeléctrico que permitirá a todos los venezolanos y venezolanas contar con una Televisión de Servicio Público.

Venezuela es y seguirá siendo un país donde reina la democracia participativa, la libertad de expresión del pueblo, el respeto a la independencia y a la autodeterminación de los pueblos, pero sobre todo es un país pacífico que promueve la PAZ, amigo y promotor de la PAZ en El Salvador, en América Latina y en el Mundo entero. Por tanto, los 51 Diputados y Diputadas salvadoreños y salvadoreñas que votaron por una resolución condenatoria hacia el Gobierno del Presidente Hugo Chávez y las instituciones del Estado como CONATEL, les será cuesta arriba sostener ante el resto de los poderes del Estado y el propio Pueblo salvadoreño, la explicación del por qué decidieron pronunciarse a favor de la libertad de expresión del Grupo 1BC, un medio de comunicación que usa ese derecho para socavar la democracia, sembrar el odio y promover la violencia y el caos en Venezuela. En realidad, una resolución de ese tipo emanada de cualquier órgano del Estado de un país amigo, lo que refleja es un profundo desprecio hacia la democracia, la PAZ, la soberanía, la libertad, las leyes, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, el Honorable Legislativo de El Salvador prefirió ponerse de espaldas al pueblo, en vez de escuchar su voz, que clama por una verdadera democracia y libertad y que hoy tiene su expresión más genuina en la Revolución Bolivariana, en la cual el Pueblo hace oír su voz y es escuchado y atendido. No en vano Jesús de Nazareth dijo: “el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga”. La doctrina bolivariana expresa sin vacilaciones: “la inteligencia sin probidad es un azote”. Por ello, apelando a la memoria independentista de Simón Bolívar, a la firmeza soberana de nuestro Gobierno y desde esta embajada, denunciamos esta feroz campaña desestabilizadora promovida por el imperialismo norteño, en alianza con sectores de las oligarquías criollas en nuestros países, quienes se prestan a esta comparsa antidemocrática.

Por último, la decisión soberana del Estado venezolano de no renovar la concesión pública a RCTV, que expiró el pasado 27 de mayo a la medianoche, es un acto legal, legítimo y no excepcional, pues en el mundo más de 600 concesiones no han sido renovadas por razones de interés público. Sobre lo cual no dicen nada las asociaciones como la ASDER, la AIR, la SIP, el Senado de los EE.UU., entre otros, de la misma manera en que nunca se han pronunciado ante actos verdaderamente autoritarios en nuestro país como lo fue el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 o el golpe petrolero de diciembre de ese mismo año.

LA EMBAJADA DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL SALVADOR aprovecha la ocasión para renovar a la Opinión Pública salvadoreña y a los Medios de Comunicación Social sus más altos sentimientos de estima y consideración.

Wladimir Ruiz Tirado
Encargadote Negocios
San Salvador, 01 de junio de 2007

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