Ejecutivo, el órgano violador

Autor: Marvin Ascencio


 

« ART 131.- Corresponde a la Asamblea Legislativa: Inc. 32º Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones; ART 132.- Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los Miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra persona, requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. »
Artículos de la Constitución de la República de El Salvador

El precio del petróleo ha ido ascendiendo de manera exponencial los últimos años. Las refinerías para la elaboración de los derivados, como la gasolina, han subido los precios. A nivel internacional la gasolina ha llegado a los precios más altos. En El Salvador se ha nombrado una Comisión Especial que investiga los abusos que las empresas distribuidoras de combustible puedan estar cometiendo. Para la investigación, la Comisión ha pedido al Ministerio de Hacienda un informe detallado de los ingresos y ganancias de las empresas distribuidoras de combustible. El Ministerio niega los documentos amparándose en leyes secundarias que según ellos no se los permiten. ¿Quién está en lo correcto? Analicemos.

La Constitución confiere la potestad a la Asamblea Legislativa de nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional y obliga a los funcionarios y empleados públicos a colaborar con ellas. En apego a este deber, la Asamblea Legislativa ha nombrado una Comisión Especial que investiga los altos precios de los combustibles y la energía eléctrica, cuestión que ha caído muy mal al órgano Ejecutivo, puesto que con las actitudes de poca colaboración que ha tomado lo demuestra claramente. Hace una semana cuando la Comisión pedía al Ministro de Hacienda revelar los detalles de ganancias de las compañías distribuidoras de combustible este se escudaba con que deberían pedirle esos informes al Director de Impuestos Internos y solamente entrego a la Asamblea datos tributarios de las empresas ya que según él no es su responsabilidad otorgarlos, “la ley no me lo permite”. Esta negativa obligó a la Comisión a pedir los informes a Luis Barahona, director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, quién al verse acorralado dijo que “con el detalle de los impuestos se pueden deducir las ganancias” y se escudó en algunos artículos del Código Tributario para negarlos. Es realmente bochornoso que funcionarios públicos, aunados con el Presidente de la República, y probablemente coaccionados por empresas transnacionales, pasen por encima de la Constitución tan descaradamente.

Por todos es sabido que ninguna ley secundaria o tratado internacional está por encima de la Constitución de la República, pero los intereses económicos y proteccionistas del gobierno priman ante este postulado básico. El argumento de que con los informes de impuestos pagados por las empresas se puede deducir fácilmente sus ganancias, aunque real matemáticamente, es irrelevante puesto que con la costumbre de evadir impuestos, especialmente tradicional en las empresas con réditos enormes, es muy probable que Shell, Texaco, ESSO, Puma y otras empresas, puedan estar declarando la decima parte de lo que ganan. Ejemplo que diera Salvador Arias, parlamentario del FMLN: en 2003 ESSO “ganó $38.5 millones pero pagó un millón en impuestos, esto equivale al 2℅ de la renta y no al 25℅ establecido por la ley”. Esto nos estaría indicando que tales empresas pueden estar evadiendo, y que si el gobierno no quiere que se les investigue simplemente no proporcionan los informes. Desgraciadamente no tenemos una Fiscalía verdaderamente capaz, que actúe de oficio y que investigue realmente estos atropellos. El postulado primordial del neoliberalismos (el que reza de no intervencionismo estatal en los quehaceres del mercado) ha sido aplicado nuevamente.

El gobierno está evadiendo su responsabilidad con el pueblo que los eligió para velar por sus intereses. Protegen nuevamente, como lo hicieran durante la oligarquía cafetalera, a los explotadores. En este caso a quien se explota no es a un campesino, pero parece serlo porque no reclama sus derechos. La Superintendencia de Competencia, creada en 2005, no está ejerciendo su papel; han doblegado su mandato y ésta se ha retractado de la investigación. Nuevamente obstaculizan la legalidad por la conveniencia. El partido ARENA y el Partido Demócrata Cristiano son los únicos en apoyar, dentro de la Asamblea, a las gasolineras. Hasta la ultraderecha, manifiesta en el Partido de Conciliación Nacional (PCN), los ha abandonado (también recordemos que éstos son los empresarios transportistas –algo saldrían ganando con la baja de los precios de los combustibles-). Se ha propuesto reformar el marco legal que protege a las transnacionales petrolíferas y replantear el papel que juega la Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor y Dirección de Hidrocarburos y Minas. Si no hay otra solución habría que hacerlo, lastimosamente ese es un proceso lento y engorroso. Saldría más fácil hacer alguna reforma al Código Tributario que obligara al Ministerio de Hacienda, al ministro y al director de impuestos internos, a rendir las cuentas necesarias cuando una Comisión Especial de la asamblea lo solicite (Aun cuando esta reforma no sea esencialmente necesaria puesto que si la constitución lo exige no importa si la ley secundaria no lo permite).

La regulación de la comercialización de los productos de petróleo y sus derivados en una ley es un tema primordial. Esperemos que por primera vez en el año los “padres de la patria” nos regalen la dicha de una ley que verdaderamente proteja a los salvadoreños contra los abusos de las transnacionales (claro que podemos prever el veto presidencial a dicha ley) y que sancione con multas verdaderamente significativas (así vamos enriqueciendo las arcas gubernamentales y el presupuesto general) a dichos agresores. Aun así, la Fiscalía General de la República, quienes se presume que son profesionales del derecho y deben contar con secciones de temas tributarios y mercantiles, deberían actuar de oficio –se repite- ante esta problemática; los jueces, si Garrid se toca el corazón y emprende una cruzada justa por fin, deberán dar orden judicial contra las gasolineras para que den cuentas y subsanen los daños cometidos hasta el momento. Se vale soñar ¿verdad?

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