¿Más inconstitucionalidades que se dejan pasar?

Seis años han transcurrido desde la aprobación y ratificación del “Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la Republica de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al acceso y al uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Salvador por los Estados Unidos para el control aéreo de la narcoactividad”. Dos demandas de inconstitucionalidad en contra de éste acuerdo han sido descartadas por la Corte Suprema de Justicia (CJS). Hoy, seis años después, una nueva demanda de inconstitucionalidad está siendo presentada ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ por un grupo de ciudadanos estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Las primeras demandas interpuestas ante la Corte en agosto de 2001 alegaban la inconstitucionalidad del acuerdo porque consideraban que éste atentaba en contra de la soberanía nacional, ya que permite a militares, contratistas y empleados del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) entrar y salir del territorio nacional sin mediar trámites diplomáticos. Además, que no es posible que un ejercito internacional ejerza jurisdiccionalmente dentro del Estado Salvadoreño. Todo esto, apoyados por el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas, de 1998, en el que se trata la soberanía de cada estado-nación en el combate al narcotráfico.

Tales posturas fueron rechazadas por la Corte, alegando que en ningún momento se está violando la soberanía del Estado Salvadoreño, porque el Gobierno de Estados Unidos solo puede ejercer lo estipulado en el tratado dentro de los lugares especificados por el mismo acuerdo (Aeropuerto Internacional de El Salvador, espacio aéreo salvadoreño, entre otros).

A esta fecha, los estudiantes de último año de Ciencias Jurídicas de la UCA piensan interponer una nueva demanda de inconstitucionalidad, pero esta vez por la vía constitucional-laboral. Según ellos, “el acuerdo estaría violando los derechos constitucionales de los trabajadores –sean éstos empleados por el gobierno de El Salvador como por el gobierno de Estados Unidos— ya que tales estados acuerdan desistir de cualquier reclamación por daños en sus empleados” lo que significa que los Estados (tanto El Salvador como Estados Unidos) renuncian de los derechos fundamentales de los empleados de cada Estado parte del acuerdo. Los estudiantes apelarán ante la CSJ que tales derechos (los fundamentales –contenidos en la constitución-) son irrenunciables por las personas afectadas y mucho más irrenunciables por terceros (aún cuando los terceros sean Estados). Por lo tanto, estarían buscando la inconstitucionalidad del acuerdo por medio del artículo 19 del mismo, en confrontación con los artículos 1 (referente a la igualdad), 37, 38, 39, 40, 41 (referentes al trabajo y a la seguridad social) y además apelar la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales.

A que pase lo de hace seis años o a que ganen es a lo que los estudiantes van dispuestos. Dicen querer ganar, y así sacar de circulación un acuerdo que afecta tanto la soberanía como los derechos de los trabajadores.

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